Durante
los últimos días del año, el tema estrella en todos los foros está
siendo el incremento de precio de la tarifa eléctrica. Al hilo de la
noticia, se me ocurre una breve reflexión sobre la conveniencia o
no, de la intervención del Estado como agente regulador y de la
idoneidad del mecanismo establecido para fijar el precio de la
energía eléctrica.
Para
entender la situación, hemos de remontarnos a 1997, fecha en la que
se liberalizó el sistema eléctrico español, aunque las tarifas
reguladas no desaparecieron hasta 2009. Hemos de explicar que el
recibo que pagamos costa de dos conceptos, el 56% son costes
regulados, aquellos que se consideran necesarios para suministrar
energía y son fijados por el gobierno y el 44% restante corresponde
a la parte liberalizada y son los costes de producción de energía.
Los
costes regulados (56%) incluyen el denominado peaje
eléctrico, cuyo
importe .corresponde al coste del transporte de la energía desde los
generadores hasta nuestras viviendas, así como distintas primas como
las de fomento de energías renovables, subvenciones al suministro
eléctrico a las islas, Ceuta y Melilla, etc. Este precio es regulado
por el gobierno que ha establecido una subida del 2%, nunca puede
superar por ley al IPC.
La
parte liberalizada (44%), no controlada por el gobierno, se fija
mediante subastas de
electricidad,
que se inician a precios elevados que van descendiendo hasta que los
ofertantes, las empresas generadoras de energía se retiran al
considerar que no pueden ofrecer un precio mas bajo.
Establecido
de esta forma el precio que los consumidores hemos de pagar, este
debería cubrir todos los costes del sistema; pero esto no es tan
sencillo, desde 2002 se han ido generando pérdidas, es el llamado
deficit de tarifa,
se
trata ni mas ni menos que de una deuda reconocida de los consumidores
con las empresas eléctricas que ha de devolverse en un plazo de 15
años. Esta deuda se
coloca en el mercado de deuda en forma de bonos, igual que se hace
con la deuda del Estado o la de las empresas. Así, con
el aval del Estado,
las eléctricas van recuperando lo que las normas han establecido que
se les debe. El problema es que se coloca ofreciendo una rentabilidad
al inversor que compra los títulos, y ese
interés se convierte en un coste que
pasa a engrosar el mismo déficit, para paliarlo el gobierno ha
adoptado diversas medidas, entre ellas la aportación de 3.100
millones de euros; pero en diciembre dió marcha atrás a esta
decisión.
La
situación no parece muy alagüeña, pero lo peor estaba por llegar,
en la última subasta eléctrica, el precio alcanzado ha sufrido un
incremento del 25,6%, ya que los ofertantes se retiraron en masa,
con la repercusión que ello tiene para los consumidores. Tan alto ha
sido el incremento que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia han invalidado la subasta ante “la concurrencia de
circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma”.
Así las cosas, el debate está servido. La legislación vigente
sobre fijación de precios eléctricos que en su día se promulgó
para resolver la situación del momento, ha resultado inoperante,
creándose una enorme burbuja que urge desinflar, para ello el
gobierno anuncia un nuevo decreto para principios de año, que
establezca un sistema más transparente y competitivo para el
establecimiento de un precio de forma objetiva.
Tarea
que se presume ardua y dificil para el ejecutivo y que me lleva a la
reflexión que dió inicio a esta entrada y que no es otra que el
eterno dilema: ¿Es conveniente la intervención de los gobiernos en
las economías?
¿Sigue
vigente el debate Keynes vs Hayek?.
Dificil
de contestar, pero tan simple como cuestionarse si es lícito
dejar
a los consumidores en la actual situación de crisis a merced de las
especulaciones de los mercados, solo interesados por sus beneficios o
que los gobiernos como garantes de unos niveles mínimos de
asistencia a sus ciudadanos establezcan mecanismos de intervención,
aún a costa del incremento del gasto público.
Finalmente
solo nos queda encomendar nuestra alma al altísimo y confiar en que
nuestros gobernantes atinen en establecer unas reglas de juego que
por un lado contenten la voracidad de la empresas eléctricas y por
otro, impidan que como siempre, los consumidores seamos los últimos
paganinis de cada burbuja económica que aparezca, llámese
inmoviliaria, financiera, o de cualquier tipo.
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